Orden de alejamiento: cómo se pide, qué incluye y qué pasa si se incumple (2026)

Una orden de alejamiento en España se tramita dentro del proceso penal, no como una demanda de familia. Puede llegar pronto, como medida cautelar mientras el caso todavía se investiga, o más tarde, como parte de una sentencia, y su incumplimiento frente a una víctima protegida conlleva una pena de prisión obligatoria, no una multa. Esta página explica quién puede pedirla, con qué rapidez se tramita y qué restringe realmente.

Información verificada por última vez el 23 de julio de 2026. Esta página ofrece información jurídica general sobre el derecho español y no constituye asesoramiento legal para un caso concreto.

Dos herramientas distintas, con el mismo nombre

El derecho español utiliza «alejamiento» de forma laxa para dos medidas distintas. La primera es una medida cautelar, impuesta mientras el caso todavía se está investigando, que puede prohibir al investigado residir o entrar en determinados lugares, o acercarse o comunicarse con personas concretas, cuando el juez la considera estrictamente necesaria para proteger a la víctima o evitar que el delito continúe (art. 544 bis LECrim). El juez valora la situación económica, la salud, la situación familiar y el trabajo del investigado al fijarla.

La segunda es la propia orden de protección, un estatuto más amplio que combina medidas penales y civiles para víctimas de violencia doméstica, disponible siempre que existan indicios fundados de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, o la libertad o seguridad de alguna de las personas del art. 173.2 CP, y una situación objetiva de riesgo para la víctima (art. 544 ter.1 LECrim).

Quién puede pedirla, y con qué rapidez se tramita

Pueden solicitar la orden de protección la víctima, una persona con determinadas relaciones familiares o afectivas similares con ella, o el Ministerio Fiscal, y el juez también puede acordarla por propia iniciativa. La solicitud se puede presentar directamente ante un juez o el Ministerio Fiscal, o a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de asistencia a las víctimas, o los servicios sociales e instituciones de asistencia (art. 544 ter.2 y .3 LECrim).

Una vez recibida la solicitud, el juez de guardia convoca una comparecencia urgente con la víctima o su representante legal, quien solicita la orden, y la persona denunciada, que puede estar asistida de abogado. Esa comparecencia tiene que celebrarse en un plazo máximo de 72 horas desde que se presentó la solicitud (art. 544 ter.4 LECrim).

Qué puede incluir la orden

Las medidas penales de la orden de protección pueden incluir cualquiera de las previstas con carácter general en la legislación procesal penal (art. 544 ter.6 LECrim). Sus medidas civiles, que debe solicitar expresamente la víctima, su representante legal, o el Ministerio Fiscal cuando hay hijos menores, pueden regular el ejercicio de la patria potestad, el uso y disfrute de la vivienda familiar, el régimen de custodia, la suspensión o el mantenimiento del régimen de visitas, y el régimen de alimentos. Las medidas civiles de la orden duran treinta días, pero si la víctima o su representante legal presenta una demanda de familia dentro de ese plazo, siguen en vigor treinta días más contados desde la demanda, periodo durante el cual el juez civil debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto (art. 544 ter.7 LECrim).

Por separado, cuando un tribunal impone el alejamiento como pena tras una condena, la prohibición suspende cualquier régimen de visitas, comunicación o estancia con los hijos fijado por un tribunal civil hasta que la pena se cumpla por completo (art. 48.2 CP).

La pena por incumplirla

Cuando se impone un alejamiento o una medida cautelar o de seguridad equivalente y la persona ofendida es una de las recogidas en el art. 173.2 CP, cónyuges y excónyuges, personas ligadas por una relación afectiva análoga aun sin convivencia, descendientes, ascendientes o hermanos, entre otras, quebrantarlo se castiga en todo caso con prisión de seis meses a un año, sin alternativa de multa para esta categoría (art. 468.2 CP). Como pena impuesta tras una condena, el propio alejamiento puede durar hasta diez años para un delito grave o cinco para uno menos grave, más si se combina con una pena de prisión, y la imposición de la prohibición de aproximación es obligatoria cuando la víctima es cónyuge, excónyuge u otra persona del art. 173.2 (art. 57 CP).

Qué significa esto en la práctica

Una orden de protección está pensada para actuar rápido, con una comparecencia dentro de las 72 horas y medidas civiles que pueden fijar la custodia y la vivienda familiar con celeridad, pero su componente civil es un puente: treinta días, prorrogados si se presenta la demanda de familia dentro de ese plazo, hasta que el juez civil toma el relevo (art. 544 ter.7 LECrim). Las cuestiones de custodia y régimen de visitas que surgen dentro de una orden de protección interactúan directamente con las reglas de la página de custodia compartida y la página de régimen de visitas, y el proceso penal más amplio en el que se enmarcan estas medidas se explica en la sección de derecho penal.

Esta página ofrece información jurídica general sobre el derecho español y no constituye asesoramiento legal para un caso concreto. Los textos de referencia son las versiones vigentes en el BOE.