Cámaras de videovigilancia: comunidad, vivienda y lo que dice la AEPD (2026)

Instalar una cámara, ya cubra la entrada de una comunidad o la puerta de casa de una familia, es una cuestión de protección de datos con su propia norma específica. El artículo 22 de la LOPDGDD fija el marco para todo sistema de videovigilancia en España, y la AEPD ha publicado una guía específica para las cámaras en una comunidad de propietarios.

Información verificada por última vez el 23 de julio de 2026. Esta página ofrece información legal general sobre el derecho español y no constituye asesoramiento jurídico para un caso concreto.

Qué permite realmente el artículo 22

El art. 22.1 de la LOPDGDD permite que cualquier persona u organización, pública o privada, trate las imágenes captadas mediante sistemas de cámaras con el fin de preservar la seguridad de las personas, los bienes y sus propias instalaciones. Esa finalidad es el eje de todo lo demás en el artículo: es lo único para lo que puede servir una cámara.

El art. 22.2 limita a continuación lo que una cámara puede captar de la vía pública, la calle o el espacio público fuera de la propiedad. Solo se permite captar espacio público en la medida en que sea realmente imprescindible para ese fin de seguridad, con una excepción reducida para instalaciones estratégicas o infraestructuras de transporte que puedan necesitar una vista más amplia del espacio público. Aun así, la norma es absoluta en un aspecto: ninguna cámara sujeta a este artículo puede captar el interior de una vivienda privada.

El plazo de borrado de un mes

El art. 22.3 fija un límite de conservación: las grabaciones deben borrarse en un plazo máximo de «un mes» desde su captación. Se trata de un mes natural, no de un número fijo de días. La excepción son las imágenes necesarias para acreditar un hecho contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, que deben entregarse a la autoridad competente en un plazo de 72 horas desde que se conozca su existencia. El tratamiento de videovigilancia queda exento por completo del deber de bloqueo del art. 32: las imágenes borradas al llegar al mes simplemente se borran, sin obligación de conservar una copia bloqueada.

Señalización y la excepción doméstica

El deber de información del art. 22.4 se cumple colocando un cartel suficientemente visible que identifique, como mínimo, que existe videovigilancia, quién es el responsable y que se pueden ejercer los derechos como interesado, manteniendo información más completa a disposición de quien la pida.

El art. 22.5 establece una excepción real: una persona física que trate imágenes que solo capten el interior de su propia vivienda queda excluida por completo del ámbito del RGPD. Esa exclusión es estrecha. No cubre a una empresa de seguridad privada contratada para vigilar una vivienda si esa empresa tiene acceso a las imágenes, y deja de aplicarse en cuanto la cámara capta algo más allá del interior de esa vivienda.

Las cámaras a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen una vía legal separada (art. 22.6), y nada de esto desplaza la ley española de seguridad privada, la Ley 5/2014 (art. 22.7). Las cámaras que instala un empleador para vigilar al personal se rigen por una norma relacionada pero distinta, el art. 89, que es un tema propio y no una cuestión de comunidad o de vivienda.

Cámaras en una comunidad de propietarios

La guía práctica de la AEPD sobre sistemas de cámaras en una comunidad de propietarios fija requisitos que se suman al art. 22. Instalar cámaras en zonas comunes necesita el acuerdo de la Junta de Propietarios, recogido en el acta, y lo mismo se aplica a las cámaras que cubren una piscina comunitaria. La AEPD recomienda que el propio acuerdo recoja detalles como el número de cámaras y la zona que cubre cada una.

Una vez instaladas, las cámaras solo pueden captar las zonas comunes propias de la comunidad. No pueden captar la vía pública salvo una franja mínima en los accesos del edificio cuando resulte inevitable, y no pueden captar terrenos colindantes, viviendas vecinas ni ningún otro espacio fuera de la comunidad. Si una cámara es orientable o tiene zoom, la AEPD exige máscaras de privacidad para evitar que capte espacio público o vecino. Contratar a una empresa externa para gestionar el sistema, o que un tercero instale las cámaras, no exime a la propia comunidad de cumplir con la normativa de protección de datos.

El equipo de grabación debe estar en un lugar restringido o vigilado, accesible solo al personal autorizado, y las imágenes siguen el mismo plazo de borrado de un mes que cualquier otro sistema de videovigilancia, con las imágenes usadas para denunciar una infracción unidas a la denuncia correspondiente y sin otro uso. Las imágenes nunca pueden ponerse a disposición de los vecinos a través de un canal de televisión comunitario ni de una difusión general similar.

Qué mayoría se necesita para instalar cámaras

La LPH fija una escala de mayorías para las decisiones de la comunidad, y la que más se ajusta a instalar cámaras es el art. 17.3, que exige una mayoría de tres quintas partes para establecer servicios como portería, conserjería y «vigilancia», u otros servicios comunes de interés general. En la práctica, los profesionales suelen situar la instalación de un sistema de videovigilancia dentro de esa categoría por analogía.

Conviene ser precisos aquí y no exagerar: el propio texto de la LPH nunca usa la palabra «videovigilancia», así que la vía de las tres quintas partes se apoya en tratar un sistema de cámaras como una forma de «vigilancia» en el sentido que ya cubre el art. 17.3, y no en una previsión específica sobre cámaras que no existe en la ley. Una lectura más prudente podría acudir en cambio al art. 17.7, la norma residual para acuerdos no clasificados de otro modo, que solo exige la mayoría de los asistentes a una junta válidamente convocada. Para ver la escala completa de mayorías y cómo funciona realmente una junta, consulta la página sobre comunidades de propietarios.

Cámaras en casa: la excepción doméstica y hasta dónde llega

Un propietario que grabe solo el interior de su propio piso no tiene que preocuparse de trámites de protección de datos, gracias a la excepción doméstica del art. 22.5. Esa excepción termina en cuanto la misma cámara capta también un rellano compartido, la ventana de un vecino o la calle de fuera, momento en el que se aplica el marco completo del art. 22, incluidos el plazo de borrado y el deber de información ya vistos. La cuestión distinta de grabar una conversación o una interacción con otra persona, frente a tener una cámara fija, se trata en la página sobre grabar conversaciones, y cómo gestiona una comunidad los conflictos sobre zonas comunes en general se trata en el apartado de comunidades de propietarios.

Esta página ofrece información legal general sobre el derecho español y no constituye asesoramiento jurídico para un caso concreto. Los textos de referencia son las versiones vigentes publicadas en el BOE.