Leyes de estafas y fraude de Carolina del Sur: dónde denunciar y cómo demandar

En Carolina del Sur, la oficina que recibe las quejas sobre estafas y negocios es el Department of Consumer Affairs (SCDCA, el Departamento de Asuntos del Consumidor), no la Fiscalía General. La oficina del fiscal general dice que «represents the State of South Carolina not individual citizens» (representa al estado de Carolina del Sur, no a ciudadanos individuales) y envía a las personas con quejas sobre estafas, robo de identidad y negocios al SCDCA, que media en las quejas escritas y opera una línea para reportar estafas.

La ley de protección al consumidor de Carolina del Sur, la South Carolina Unfair Trade Practices Act (SCUTPA, la ley de prácticas comerciales desleales de Carolina del Sur), permite que una persona que sufrió una pérdida determinable de dinero o bienes a causa de un acto desleal o engañoso en el comercio demande por los daños reales. Si el tribunal determina que la violación fue intencional o a sabiendas, debe otorgar el triple de los daños reales, y el tribunal que encuentre una violación debe otorgar a quien demandó honorarios de abogado y costas razonables. La demanda debe presentarse de forma individual (no como acción de clase), dentro de los tres años posteriores al descubrimiento de la conducta, y contra alguien a quien realmente pueda identificar y localizar.

Información verificada por última vez el 2 de octubre de 2026. Este artículo no ha sido revisado por un abogado con licencia.

Alcance jurisdiccional: Esta guía cubre la ley estatal de Carolina del Sur: la South Carolina Unfair Trade Practices Act (S.C. Code Título 39, Capítulo 5), las oficinas de quejas de Carolina del Sur, las protecciones estatales para adultos vulnerables, sus reglas sobre servicios de asistencia migratoria, ventas telefónicas y ventas a domicilio, y los límites y plazos de los tribunales de Carolina del Sur. Los derechos federales de reembolso y de denuncia se resumen brevemente y se explican en detalle en nuestras guías nacionales. Fuera de alcance: la defensa penal y la ley de otros estados (si el estafador o el negocio está en otro estado, la ley de ese estado también puede importar).

Primeros pasos si lo estafaron en Carolina del Sur

Comuníquese de inmediato con el banco, el emisor de la tarjeta, la aplicación de pagos, la empresa de transferencias o la plataforma de intercambio de criptomonedas que movió su dinero, porque esa empresa suele ser la única que puede detener o revertir un pago. Sus derechos federales dependen de cómo pagó; nuestra guía sobre cómo recuperar dinero después de una estafa repasa cada método de pago, y la guía de Zelle y aplicaciones de pagos cubre las transferencias de aplicaciones.

Después, denúncielo. La mayoría de las estafas se reportan a la FTC en ReportFraud.ftc.gov y los delitos en línea al IC3 del FBI; nuestra guía de dónde denunciar una estafa enumera todos los canales federales. Las oficinas de Carolina del Sur que se detallan a continuación son adicionales a esas, no las reemplazan. Si un estafador tiene su número de Seguro Social o los datos de su cuenta, consulte un estafador tiene mi información y nuestra guía de robo de identidad de Carolina del Sur.

Dónde denunciar una estafa en Carolina del Sur

La página de quejas del SCDCA dice que «processes and mediates written consumer complaints, seeking to find fair solutions for the consumer and the business» (procesa y media en las quejas escritas de consumidores, buscando soluciones justas para el consumidor y el negocio), y alienta a los consumidores a «contact the business first to try and resolve a complaint» (comunicarse primero con el negocio para tratar de resolver una queja). Puede presentar la queja en el portal en línea (se cierra a los 30 minutos, así que tenga sus documentos a la mano) o enviar un formulario en papel a PO Box 5757, Columbia, SC 29250. Las líneas telefónicas de la agencia atienden de 8:30 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes.

Sea realista sobre lo que una queja puede lograr. El SCDCA describe su mediación como «seeking equitable solutions for the consumer and the business, including refunds, adjustments and credits to consumer accounts» (buscar soluciones equitativas para el consumidor y el negocio, incluidos reembolsos, ajustes y créditos en las cuentas del consumidor). Eso funciona mejor contra un negocio real que quiere conservar su reputación. Las páginas del SCDCA no dicen que pueda obligar a un negocio a pagar. Un reporte de estafa también ayuda al estado a seguir lo que está ocurriendo: el SCDCA informó que en agosto de 2026 se le reportaron 38 estafas, con pérdidas reales de $378,566.81 (su propio conteo, no un total estatal).

Las preguntas frecuentes de la Fiscalía General son directas sobre su función: «The Attorney General cannot represent you with your legal matter» (el fiscal general no puede representarlo en su asunto legal). Para estafas, robo de identidad y quejas contra negocios, remite a las personas al SCDCA, al 803-734-4200 o al 1-800-922-1594 (solo dentro de SC). Para criptomonedas y otros esquemas de inversión, consulte nuestra guía de estafas de criptomonedas e inversiones.

La ley de protección al consumidor de Carolina del Sur: ¿puede demandar?

A veces, y la condición importa. La SCUTPA (S.C. Code sección 39-5-10 y siguientes) declara ilegales los «unfair or deceptive acts or practices in the conduct of any trade or commerce» (actos o prácticas desleales o engañosas en la conducción de cualquier comercio) (sección 39-5-20(a)). La sección 39-5-140(a) otorga un derecho privado a demandar:

«Any person who suffers any ascertainable loss of money or property, real or personal, as a result of the use or employment by another person of an unfair or deceptive method, act or practice declared unlawful by Section 39-5-20 may bring an action individually, but not in a representative capacity, to recover actual damages.» (Toda persona que sufra una pérdida determinable de dinero o bienes, inmuebles o muebles, como resultado del uso o empleo por otra persona de un método, acto o práctica desleal o engañoso declarado ilegal por la Sección 39-5-20 puede presentar una acción de forma individual, pero no en representación de otros, para recuperar los daños reales.)

Tres partes de esa oración deciden si usted tiene un reclamo:

1. Una pérdida determinable de dinero o bienes. Necesita una pérdida que pueda demostrar y medir.
2. Causada por un acto desleal o engañoso en el comercio. La ley define el comercio para incluir la publicidad, la oferta de venta, la venta o distribución de servicios y bienes, y cualquier comercio que afecte directa o indirectamente a las personas del estado (sección 39-5-10(b)). Al decidir qué es desleal o engañoso, los tribunales de Carolina del Sur se guían por la forma en que la FTC y los tribunales federales interpretan la ley federal FTC Act (sección 39-5-20(b)).
3. De forma individual, no como clase. La ley dice que la acción se presenta «individually, but not in a representative capacity» (de forma individual, pero no en representación de otros), por lo que la SCUTPA no permite una acción de clase.

A diferencia de algunos estados, la sección de acción privada no se limita a un «consumidor» definido; dice «any person» (toda persona). Pero eso no significa que toda víctima de una estafa tenga un reclamo bajo la SCUTPA. Si su pérdida provino de un acto desleal o engañoso en el comercio, y si se puede encontrar a la persona que tomó el dinero, depende de los hechos de su caso. Un abogado de Carolina del Sur puede decirle si su situación encaja.

Qué puede recuperar

Los daños reales son el remedio base. Los daños adicionales dependen de una determinación sobre el estado mental del demandado:

«If the court finds that the use or employment of the unfair or deceptive method, act or practice was a willful or knowing violation of Section 39-5-20, the court shall award three times the actual damages sustained and may provide such other relief as it deems necessary or proper.» (Si el tribunal determina que el uso o empleo del método, acto o práctica desleal o engañoso fue una violación intencional o a sabiendas de la Sección 39-5-20, el tribunal otorgará el triple de los daños reales sufridos y podrá conceder cualquier otro remedio que considere necesario o apropiado.)

La sección 39-5-140(d) explica que «a willful violation occurs when the party committing the violation knew or should have known that his conduct was a violation of Section 39-5-20» (una violación intencional ocurre cuando la parte que la comete sabía o debía saber que su conducta violaba la Sección 39-5-20). Una vez que el tribunal hace esa determinación, el triple es obligatorio («shall»), no opcional. Sin esa determinación, la recuperación son los daños reales.

Los honorarios de abogado también son obligatorios cuando usted gana por una violación: «Upon the finding by the court of a violation of this article, the court shall award to the person bringing such action under this section reasonable attorney's fees and costs» (Cuando el tribunal determine que hubo una violación de este artículo, otorgará a la persona que presente la acción bajo esta sección honorarios de abogado y costas razonables). El texto de la sección 39-5-140 no incluye un requisito de carta de demanda previa al juicio como el que tienen algunos estados. Cuando se presenta una demanda bajo la SCUTPA, el secretario del tribunal envía por correo una copia de la demanda a la Fiscalía General (sección 39-5-140(b)).

Las sanciones que cobra el estado son aparte. Según la sección 39-5-110(a), la Fiscalía General puede solicitar una sanción civil «not exceeding five thousand dollars per violation» (que no exceda cinco mil dólares por violación) por violaciones intencionales, y la sección 39-5-50 permite a la Fiscalía General demandar para detener una práctica ilegal. Esas son herramientas de cumplimiento público; la sanción civil no es dinero que se pague a la víctima.

Exenciones que un negocio puede alegar

La sección 39-5-40 dice que la ley no se aplica a «actions or transactions permitted under laws administered by any regulatory body or officer acting under statutory authority of this State or the United States or actions or transactions permitted by any other South Carolina State law» (acciones o transacciones permitidas bajo leyes administradas por cualquier organismo regulador o funcionario que actúe bajo autoridad legal de este estado o de Estados Unidos, o acciones o transacciones permitidas por cualquier otra ley estatal de Carolina del Sur), a las prácticas de seguros reguladas bajo el Título 38, Capítulo 57, ni a las prácticas que están sujetas a leyes administradas por la Federal Trade Commission (la Comisión Federal de Comercio) y cumplen con ellas. También hay una exención para editores de medios que publican anuncios sin conocimiento del problema. La ley pone «the burden of proving exemption from the provisions of this article» (la carga de probar la exención de las disposiciones de este artículo) sobre quien la invoca.

El plazo

Sección 39-5-150: «No action may be brought under this article more than three years after discovery of the unlawful conduct which is the subject of the suit» (No se puede presentar ninguna acción bajo este artículo más de tres años después del descubrimiento de la conducta ilícita que es objeto de la demanda). Anote cuándo se dio cuenta por primera vez de lo ocurrido y no espere.

El límite honesto

Un caso bajo la SCUTPA necesita un demandado al que pueda identificar, notificar y cobrarle. Eso puede funcionar contra un negocio de Carolina del Sur, un contratista o un vendedor con dirección real. Por lo general no funciona contra un estafador anónimo que llamó desde un número falsificado, usó un nombre falso o envió el dinero al extranjero, y una sentencia no sirve si no se encuentra a nadie que pague. Nuestra guía sobre cuándo ayuda un abogado después de una estafa explica cómo distinguir la diferencia.

Protecciones para adultos mayores y vulnerables

Las protecciones de Carolina del Sur en esta materia se basan en el término «adulto vulnerable», no en una edad específica. Según la sección 43-35-10(11), un adulto vulnerable es una persona de 18 años o más que tiene «a physical or mental condition which substantially impairs the person from adequately providing for his or her own care or protection» (una condición física o mental que le impide sustancialmente atender adecuadamente su propio cuidado o protección), lo que puede incluir el deterioro por «the infirmities of aging including ... advanced age» (las dolencias del envejecimiento, incluida la edad avanzada). Ser mayor no basta por sí solo; lo que cuenta es el deterioro.

La explotación es un delito grave. Según la sección 43-35-85(D), «A person who knowingly and wilfully exploits a vulnerable adult is guilty of a felony and, upon conviction, must be fined not more than five thousand dollars or imprisoned not more than five years, or both, and may be required by the court to make restitution» (Quien explote a sabiendas e intencionalmente a un adulto vulnerable es culpable de un delito grave y, tras la condena, debe ser multado con no más de cinco mil dólares o encarcelado por no más de cinco años, o ambos, y el tribunal puede exigirle que haga restitución). La definición de explotación alcanza a cualquier persona, no solo a un familiar o cuidador, e incluye hacer que un adulto vulnerable compre bienes o servicios mediante «swindling by overreaching, cheating, or defrauding the vulnerable adult through cunning arts or devices that delude the vulnerable adult and cause him to lose money or other property» (estafa mediante abuso, engaño o fraude contra el adulto vulnerable con artimañas o artificios astutos que lo confunden y le hacen perder dinero u otros bienes) (sección 43-35-10(3)). La multa y la pena de prisión son sanciones penales; la restitución, si un tribunal la ordena, es la parte dirigida a reparar a la víctima. Para conocer las señales de alerta y los pasos para la familia, consulte nuestra guía de fraude a adultos mayores.

Reportar es obligatorio. La sección 43-35-25 exige a ciertos profesionales enumerados (incluidos médicos, enfermeros, trabajadores sociales o de asistencia pública, cuidadores y agentes del orden) que tengan motivos para creer que un adulto vulnerable ha sido o es probable que sea objeto de abuso, negligencia o explotación que lo reporten, y dice que «any other person who has actual knowledge» (cualquier otra persona que tenga conocimiento directo) también debe reportarlo. Los reportes deben hacerse dentro de las 24 horas o el siguiente día hábil. Para un adulto que vive en la comunidad, la ley dirige los reportes a Adult Protective Services (Servicios de Protección para Adultos). Una persona obligada a reportar que a sabiendas e intencionalmente no reporta comete un delito menor (misdemeanor) sancionado con una multa de hasta $2,500 o hasta un año de prisión (sección 43-35-85(A)).

No pudimos acceder al sitio web del Department of Social Services (Departamento de Servicios Sociales) para confirmar el número actual de recepción de Adult Protective Services ni qué casos acepta, por lo que no publicamos un número aquí. Si le quitaron dinero, denuncie el delito a las fuerzas del orden locales. Para fraude contra cualquier persona de 60 años o más, la National Elder Fraud Hotline (línea nacional de fraude a adultos mayores) del Departamento de Justicia federal (833-372-8311) también puede ayudarle a reportar; consulte dónde denunciar una estafa.

Los bancos y las cooperativas de crédito pueden retener una transacción. Según la sección 43-35-87(B), si una institución financiera (un banco, una cooperativa de crédito, una institución de gestión patrimonial u otra empresa de servicios financieros) «reasonably believes that the financial exploitation of a vulnerable adult has occurred or may occur» (cree razonablemente que la explotación financiera de un adulto vulnerable ha ocurrido o puede ocurrir), «may, but is not required to, decline or place on hold» (puede, pero no está obligada a, rechazar o retener) una transacción que involucre la cuenta del adulto vulnerable. Si lo hace, debe hacer un esfuerzo razonable por notificar a todas las personas autorizadas para realizar operaciones en la cuenta y debe reportar el incidente a la entidad investigadora correspondiente. La retención termina cuando la institución determina que permitir la transacción no resultará en explotación o 30 días hábiles después de que comenzó, lo que ocurra primero, a menos que una entidad investigadora solicite una prórroga, en cuyo caso puede durar no más de 55 días hábiles; un tribunal también puede ordenar otra cosa. La ley protege a las instituciones que actúan de buena fe, pero no protege a una institución «for participating in or materially aiding the financial exploitation of a vulnerable adult» (por participar en la explotación financiera de un adulto vulnerable o ayudarla materialmente).

Como la retención es opcional, conviene que usted llame al departamento de fraude del banco y diga claramente que cree que un padre o un familiar está siendo víctima de una estafa.

Los corredores de bolsa y asesores de inversión pueden retrasar un desembolso. La sección 35-1-850 cubre a los «adultos elegibles», definidos como cualquier persona de 55 años o más o un adulto vulnerable (sección 35-1-800(2)). Después de una revisión interna, un corredor de bolsa (broker-dealer) o asesor de inversión puede retrasar un desembolso que crea que puede implicar explotación financiera, que la ley define para incluir «any scheme, device, or artifice to defraud» (cualquier plan, artificio o treta para defraudar). Debe dar aviso por escrito dentro de los dos días hábiles y notificar a Adult Protective Services y a la División de Valores de la Fiscalía General. El retraso termina cuando la firma determina que el desembolso no resultará en explotación o después de 30 días hábiles, lo que ocurra primero; cualquiera de las dos agencias puede lograr que se extienda a 55 días hábiles, y el Court of Common Pleas puede extenderlo aún más.

Leyes de Carolina del Sur sobre estafas vigentes

Cajeros automáticos de criptomonedas (quioscos de moneda virtual): todavía no hay ley

Carolina del Sur no ha promulgado una ley sobre quioscos de criptomonedas. H.4592, un proyecto de ley llamado «Vending of Digital Assets», se presentó el 13 de enero de 2026, y la página del proyecto en el sitio de la legislatura decía que estaba «Currently residing in the House Committee on Labor, Commerce and Industry» (actualmente en el Comité de Trabajo, Comercio e Industria de la Cámara), sin ninguna acción posterior visible cuando lo revisamos. Tal como se presentó, su texto incluye licencias de transmisor de dinero para los operadores de quioscos, un límite diario de transacciones de $2,000 para clientes nuevos y derechos de reembolso. Un proyecto de ley no es ley, y nada de eso se aplica hoy a las transacciones en quioscos.

No confunda ese proyecto con S.163, que se convirtió en la Ley núm. 208 de 2026 y entró en vigor el 19 de mayo de 2026. La Ley 208 se titula «Cryptocurrency», pero trata de la moneda digital de banco central, la minería de activos digitales y temas relacionados, y no contiene disposiciones sobre quioscos, límites de transacciones ni reembolsos. Si perdió dinero en un cajero automático de criptomonedas, comience con nuestra guía de estafas de criptomonedas e inversiones y repórtelo al SCDCA y al IC3 del FBI.

Servicios de asistencia migratoria (fraude de notarios)

Según la sección 40-83-30, una persona que no es abogado y que ofrece «immigration assistance services» (servicios de asistencia migratoria) solo puede prestar los servicios administrativos limitados que enumera la ley, debe tener una licencia comercial y debe exhibir un letrero que diga: «I AM NOT AN ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW AND MAY NOT GIVE LEGAL ADVICE OR ACCEPT FEES FOR LEGAL ADVICE» (NO SOY ABOGADO CON LICENCIA PARA EJERCER Y NO PUEDO DAR ASESORÍA LEGAL NI ACEPTAR HONORARIOS POR ASESORÍA LEGAL). Las violaciones conllevan una sanción civil de hasta $1,000 por violación y la revocación de la licencia comercial, y la persona condenada por el delito grave de hacer a sabiendas e intencionalmente una declaración falsa, ficticia o fraudulenta en documentos preparados para servicios de asistencia migratoria es «jointly and severally liable for any loss suffered by any person» (solidariamente responsable por cualquier pérdida sufrida por cualquier persona) (sección 40-83-30(J) y (K)). Los abogados, el personal que supervisan y las organizaciones sin fines de lucro reconocidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración federal están exentos. Consulte nuestra guía sobre el fraude de notarios.

Llamadas de telemercadeo

La Telephone Privacy Protection Act (ley de protección de la privacidad telefónica) de Carolina del Sur (sección 37-21-10 y siguientes) dice que un vendedor telefónico «may not initiate ... a telephone solicitation to a telephone number on the National Do Not Call Registry» (no puede iniciar ... una solicitación telefónica a un número de teléfono incluido en el Registro Nacional de No Llamar) (sección 37-21-70(B)). La sección 37-21-80(A) prevé una demanda privada por violaciones, por «actual losses in addition to damages in the amount of one thousand dollars for each violation» (pérdidas reales además de daños por la cantidad de mil dólares por cada violación), y hasta «five thousand dollars for each violation» (cinco mil dólares por cada violación) cuando la violación es intencional; el tribunal puede otorgar honorarios de abogado, y la ley incluye una defensa por error de buena fe. El SCDCA y la Fiscalía General también pueden hacer cumplir la ley. Una llamada de estafa de un desconocido rara vez deja un demandado al que pueda demandar, pero una llamada de una empresa identificable sí puede. Para las llamadas de estafa en sí, consulte phishing, smishing y vishing.

Ventas a domicilio a crédito

En una venta a crédito al consumidor de bienes o servicios hecha en la residencia del comprador, las reglas de ventas a domicilio de Carolina del Sur permiten al comprador cancelar «until midnight of the third business day after the day on which the buyer signs» (hasta la medianoche del tercer día hábil después del día en que el comprador firma) (sección 37-2-502(1)). La cancelación se hace mediante aviso por escrito.

Cómo demandar a un estafador o a un negocio en Carolina del Sur

Tribunal de magistrados. Los magistrados de Carolina del Sur tienen jurisdicción civil «in actions arising on contracts for the recovery of money only, if the sum claimed does not exceed seven thousand five hundred dollars» (en acciones derivadas de contratos para la recuperación de dinero únicamente, si la suma reclamada no excede siete mil quinientos dólares), y en «any action for damages or for fraud in the sale, purchase, or exchange of personal property, if the damages claimed do not exceed seven thousand five hundred dollars» (cualquier acción por daños o por fraude en la venta, compra o intercambio de bienes personales, si los daños reclamados no exceden siete mil quinientos dólares) (sección 22-3-10). Ese es el lugar habitual para un reclamo modesto contra un negocio o una persona a quien pueda identificar y notificar.

Plazos. Un reclamo bajo la SCUTPA tiene el límite de tres años desde el descubrimiento mencionado arriba. Para el fraude, la sección 15-3-530(7) fija tres años para «any action for relief on the ground of fraud» (cualquier acción de remedio por motivo de fraude) en casos que, antes de 1870, solo podían ser atendidos por el tribunal de equidad (court of chancery), y dice que el reclamo no se genera «until the discovery by the aggrieved party of the facts constituting the fraud» (hasta que la parte agraviada descubra los hechos que constituyen el fraude). Qué regla de prescripción se aplica a un reclamo particular de fraude o de declaración falsa puede depender de cómo se plantee el reclamo, así que consulte a un abogado de Carolina del Sur antes de confiar en una fecha. Nuestra guía del plazo de prescripción de Carolina del Sur cubre otros plazos civiles.

A quién puede realmente localizar. Las demandas funcionan contra personas y negocios con nombre, dirección y bienes. A un estafador detrás de una identidad falsa, un identificador de llamadas falsificado o una cuenta en el extranjero por lo general no se le puede alcanzar a través de un tribunal de Carolina del Sur. En esos casos, la empresa de pagos, una denuncia rápida a las fuerzas del orden y la protección de su identidad son donde su esfuerzo rinde frutos. Si un cobrador lo persigue por una deuda que cree que creó un estafador, consulte nuestra guía de cobro de deudas de Carolina del Sur.

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Última actualización: 2 de octubre de 2026.

Este artículo es información legal general, no asesoría legal. Para su situación específica, comuníquese con su empresa de pagos, la oficina de Carolina del Sur mencionada arriba o un abogado con licencia en Carolina del Sur.

Preguntas frecuentes

¿Dónde denuncio una estafa en Carolina del Sur?

Repórtela al South Carolina Department of Consumer Affairs al 1 (844) TELL-DCA (835-5322) o con su formulario Report a Scam, y a la FTC en ReportFraud.ftc.gov. La oficina del fiscal general remite las quejas sobre estafas y negocios al SCDCA, y los delitos se denuncian a las fuerzas del orden locales.

¿Me ayudará el fiscal general de Carolina del Sur a recuperar mi dinero?

No como su abogado. La oficina dice que representa al estado, no a ciudadanos individuales, y que no puede representarlo en su asunto legal. El SCDCA media en las quejas escritas contra negocios y busca reembolsos, ajustes o créditos.

¿Puedo demandar a un estafador en Carolina del Sur?

Posiblemente, si sufrió una pérdida determinable de dinero o bienes por un acto desleal o engañoso en el comercio y puede identificar y notificar a la persona responsable. La sección 39-5-140 del S.C. Code permite demandas individuales por daños reales, pero por lo general no se puede alcanzar a un estafador anónimo o en el extranjero a través de un tribunal de Carolina del Sur.

¿La SCUTPA otorga daños triples?

Solo si el tribunal determina que la violación fue intencional o a sabiendas, es decir, que el demandado sabía o debía saber que su conducta era ilegal. Entonces la sección 39-5-140(a) dice que el tribunal otorgará el triple de los daños reales.

¿La SCUTPA paga los honorarios de abogado?

Si el tribunal determina que hubo una violación, la sección 39-5-140(a) dice que otorgará a quien presentó la demanda honorarios de abogado y costas razonables.

¿Puedo presentar una acción de clase bajo la SCUTPA?

No. La sección 39-5-140(a) permite una acción de forma individual, pero no en representación de otros.

¿Cuánto tiempo tengo para demandar bajo la SCUTPA?

Tres años después del descubrimiento de la conducta ilícita, según la sección 39-5-150.

¿Carolina del Sur regula los cajeros automáticos de criptomonedas?

Todavía no. Un proyecto sobre quioscos, H.4592, estaba en el Comité de Trabajo, Comercio e Industria de la Cámara cuando lo revisamos, y la Ley 208 de 2026 trata de la moneda digital de banco central y la minería, no de quioscos ni de reembolsos por estafas.

¿Puede un banco de Carolina del Sur congelar una transacción si sospecha de fraude a un adulto mayor?

Puede, pero no está obligado. Según la sección 43-35-87, una institución financiera que cree razonablemente que un adulto vulnerable está siendo explotado financieramente puede rechazar o retener una transacción, por lo general hasta 30 días hábiles, o hasta 55 días hábiles si una entidad investigadora solicita una prórroga.

¿Es delito la explotación financiera de adultos mayores en Carolina del Sur?

Explotar a sabiendas e intencionalmente a un adulto vulnerable es un delito grave sancionado con una multa de hasta $5,000, hasta cinco años de prisión, o ambos, y el tribunal puede ordenar restitución (sección 43-35-85(D)). La víctima debe cumplir la definición de adulto vulnerable de la ley; la edad por sí sola no basta.

¿Cuál es el límite del tribunal de magistrados en Carolina del Sur?

Los magistrados atienden reclamos contractuales por dinero y reclamos por fraude en la venta, compra o intercambio de bienes personales cuando la cantidad reclamada no excede $7,500 (sección 22-3-10).