Alabama
Leyes de lectores de matrículas de Alabama (2026)
Revisado internamente antes de su publicación. · 9 fuentes primarias citadas en esta página. Cómo verificamos nuestro contenido legal

Alabama no tiene un régimen legal completo para los lectores de matrículas. Una oración del Código, Code of Ala. § 41-9-621(1), menciona los «license plate readers» (lectores de matrículas) y permite que una comisión estatal dicte reglas sobre ellos, y esas reglas, que se encuentran en Ala. Admin. Code ch. 265-X-6, contienen el detalle real. Obligan a las agencias del orden público. A primera vista, no alcanzan a operadores privados como negocios o asociaciones de propietarios.
Información revisada el 30 de septiembre de 2026.
Para páginas relacionadas, consulte la entrada de Alabama en la comparación por estado, el centro de leyes de ALPR, ¿Son legales las cámaras Flock?, ¿Qué son las cámaras Flock? y nuestra guía de leyes de cámaras de vigilancia de Alabama.
¿Existe una ley de Alabama sobre los lectores de matrículas?
Solo una muy breve. La sección 41-9-621(1) ordena a la Alabama Justice Information Commission, por medio del secretario de la Alabama Law Enforcement Agency (ALEA), operar sistemas de información que recopilen datos de justicia penal y seguridad pública, «incluidos datos de lectores de matrículas, datos biométricos e información geoespacial». Permite que la Comisión adopte reglas sobre la recopilación, el uso, el almacenamiento, la difusión y la transmisión. (El propio capítulo de reglas cita el § 41-9-620 como su autoridad legal). También dice que la información de estos sistemas es «privilegiada, no es registro público y está sujeta a las mismas sanciones penales por uso indebido que establecen las Secciones 41-9-601 y 41-9-602». La línea de historial de la sección remite a la Act 2019-495.
Sabemos que este es el único estatuto específico sobre ALPR porque buscamos en el texto completo del Code of Alabama las expresiones «license plate», «plate reader», «plate recognition» y «LPR». Los demás resultados fueron disposiciones sobre peajes, secciones de control automático de velocidad, disposiciones de registro y placas, e información de vehículos del registro de delincuentes sexuales, y ninguna regula la recopilación, la retención ni el intercambio de datos de lectores de matrículas. Una búsqueda de texto es una prueba sólida, no una garantía, y esta página es información general, no asesoría legal.

¿Qué exigen las reglas de Alabama a la policía?
El capítulo de reglas declara que su propósito es «proporcionar instrucciones uniformes a todas las agencias del orden público de Alabama sobre el uso de los sistemas de reconocimiento de matrículas (LPR) y de los datos de LPR». Entró en vigor el 17 de marzo de 2022. Sus requisitos principales son:
- Límite de finalidad. «Una agencia que captura datos solo puede recopilar datos de LPR para un fin de justicia penal o de seguridad pública». Ese término significa acciones legales de las agencias de justicia penal relacionadas con investigaciones criminales o con la protección del público frente a amenazas criminales o naturales.
- Traslado en 24 horas. Una agencia que captura datos debe trasladarlos del dispositivo de recopilación a su propio repositorio seguro en un plazo de 24 horas.
- Uso e intercambio. El uso se limita a fines de justicia penal o de seguridad pública, con personas desaparecidas, trata de personas y la titularidad, ubicación o identidad de un vehículo como ejemplos. Los datos no pueden compartirse con ninguna entidad para un fin ajeno a la justicia penal o la seguridad pública.
- Prohibición de venta. «Los datos de LPR sujetos a esta regla no se venderán a ninguna entidad por ningún motivo».
- Intercambio con otras agencias. Los datos pueden ir a otra agencia de justicia penal para un fin de justicia penal o de seguridad pública, con un registro de difusión que anote lo que se compartió, la fecha, la agencia receptora y el propósito. La regla habla de «otra agencia de justicia penal», y la propia definición de la regla limita ese término a una agencia pública estatal, del condado o municipal. La definición más amplia del Código en el § 41-9-590 incluye agencias federales y tribales, pero la regla no la adopta y no aborda por separado a los destinatarios de otros estados o federales.
- Registro de acceso. Toda agencia que capture o use datos de matrículas debe llevar un registro de la persona que accede a ellos, la fecha y la hora, y el propósito.
- Política escrita. Cada agencia debe adoptar y publicar una política escrita antes de capturar o usar datos de matrículas, que aborde las bases de datos usadas para la comparación, la retención, el intercambio con otras agencias y la capacitación de los operadores. Los proveedores que mantengan datos capturados deben firmar un ALEA CJIS Contractor/Vendor CJI Access Security Agreement.
Una ley aparte de 2011 sobre inmigración, el Code of Ala. § 31-13-5, nunca menciona los lectores de matrículas. El inciso (a) prohíbe que las agencias estatales y locales adopten «una política o práctica que limite o restrinja el cumplimiento de las leyes federales de inmigración al limitar la comunicación entre sus oficiales y los funcionarios federales de inmigración en violación de 8 U.S.C. § 1373 o 8 U.S.C. § 1644», y una agencia que el Attorney General determine que infringe pierde la elegibilidad para fondos estatales hasta que la infracción haya cesado y el Attorney General lo haya certificado. El inciso (b) exige que los funcionarios y agencias estatales, «en toda la medida permitida por la ley», apoyen el cumplimiento de la ley federal contra la entrada, presencia o residencia ilegales, y conforme al inciso (d), si un tribunal determina que un funcionario o jefe de agencia adoptó o implementó una política o práctica en violación de 8 U.S.C. § 1373 o § 1644, el tribunal ordena una multa civil de $1,000 a $5,000 por cada día que la política estuvo vigente después de presentada la acción. La información que protege el 8 U.S.C. § 1373 es la información «sobre la ciudadanía o el estatus migratorio» de una persona, y la propia cláusula de información de la sección de Alabama, el inciso (c), cubre la información «relativa al estatus migratorio» de una persona. Ninguna menciona los datos de matrículas. Esta página no investigó si algún tribunal o alguna opinión del Attorney General ha aplicado la sección a los datos de lectores de matrículas.
¿Cuánto tiempo pueden conservar los datos de lectores de matrículas las agencias de Alabama?
Los datos de matrículas y los datos relacionados del registro de acceso deben «conservarse por no más de cinco años, y después de ese plazo serán destruidos o borrados». La regla justifica ese plazo con referencia a 28 CFR Part 23. Los registros vinculados a una investigación activa o a un caso pendiente pueden conservarse por más tiempo, y la agencia debe notificar a ALEA para mantenerlos.
Cinco años es un tope, no un plazo predeterminado. Una agencia puede fijar un plazo menor en su propia política escrita, de modo que el período de retención de un departamento concreto es una pregunta sobre la política de ese departamento.
¿Quién audita las reglas de lectores de matrículas de Alabama?
La División CJIS de ALEA «auditará a todas las agencias que capturan datos al menos una vez cada tres años». Una agencia que incumpla tiene 90 días para cumplir. Después de ese plazo, su acceso a los sistemas de ALEA relacionados con LPR se suspende hasta que cumpla. El uso indebido se investiga como el uso indebido de otros sistemas de información de ALEA, y la División CJIS entrega a la Comisión un informe anual cada abril sobre los resultados de las auditorías, el cumplimiento de las políticas de las agencias y los hallazgos de uso indebido. No pudimos verificar si esos informes se publican.
El propio capítulo de reglas no establece un cuadro de sanciones ni crea un derecho de acción privado. Las sanciones penales provienen de la remisión que hace el § 41-9-621.
¿Qué sanciones prevé Alabama por el uso indebido?
La sección 41-9-621(1) aplica las sanciones del § 41-9-601 y del § 41-9-602. El § 41-9-601 abarca obtener o intentar obtener de forma deliberada información de antecedentes penales bajo falsos pretextos, comunicarla deliberadamente salvo en los casos que el artículo permite, y la falsificación deliberada por parte del personal de una agencia, con una multa de $5,000 a $10,000, hasta cinco años de prisión, o ambas. El § 41-9-602 tipifica como delito menor la comunicación a sabiendas contraria al artículo, con una multa de $500 a $10,000, de 30 días a un año de cárcel, o ambas.
Ambas secciones están redactadas en términos de «información de antecedentes penales» (criminal offender record information), así que qué tan bien encajan con las lecturas de matrículas en bruto es una cuestión de redacción que esta página no resuelve. Describimos lo que dicen las secciones y lo que remite el § 41-9-621, nada más.
¿Se aplican las reglas de Alabama a los lectores de matrículas privados?
No a primera vista. Las reglas definen «law enforcement agency» como agencias públicas estatales, de condado y municipales con facultad de arresto, y las definiciones no contienen ninguna categoría para operadores privados. Una agencia que captura datos puede contratar a un proveedor, y el requisito para proveedores descrito arriba se le aplica. No encontramos ningún estatuto de Alabama que regule los lectores de matrículas operados por un negocio, una asociación de propietarios o un particular.
¿Se pueden obtener datos de lectores de matrículas mediante una solicitud de registros públicos?
La sección 41-9-621(1) declara que la información de lectores de matrículas de los sistemas de la Comisión es «privilegiada y no es registro público». Esa es una excepción legal a la Ley de Registros Abiertos (Open Records Act), Code of Ala. § 36-12-40, conforme a la cual todo residente puede inspeccionar los registros públicos «salvo que la ley aplicable disponga expresamente otra cosa».
Ninguna fuente que abrimos resuelve si la excepción también alcanza a los datos de matrículas que solo se conservan en el repositorio propio de una agencia local, a diferencia de los sistemas operados por la Comisión. No encontramos ninguna opinión del Fiscal General ni fallo judicial sobre el punto. Por separado, el § 23-2-174(c) excluye los datos de monitoreo de cuentas de peaje de la divulgación conforme a la Open Records Act.
¿Regula Alabama los datos de matrículas de los peajes?
Sí, de forma limitada. Conforme al § 23-2-174(b), los registros que identifican un caso específico de viaje «se usarán solo según sea necesario para asegurar el pago y el cobro de los peajes», con una excepción. Las agencias del orden público estatales, de condado o municipales pueden usarlos para comparar los datos de matrículas capturados con los datos del Department of Revenue, el Alabama Criminal Justice Information Center, el NCIC y el FBI sobre personas desaparecidas, para identificar un vehículo o una placa robados, un vehículo registrado a nombre de una persona con una orden de arresto o un incumplimiento por delito grave pendiente, o un vehículo asociado con una persona desaparecida. La línea de historial cita la Act 2017-375.
¿Qué ha cambiado o está pendiente en 2026?
La Act 2026-374 (véase el § 41-9-590 modificado) entra en vigor el 1 de octubre de 2026. Reescribe los §§ 41-9-590, 41-9-594, 41-9-625 y 41-9-650, agrega los §§ 41-9-650.1 a .5 y deroga los §§ 32-2-60 a 32-2-63. La sección 41-9-621 no tiene historial de modificaciones de 2026, y nuestro examen de texto completo no encontró lenguaje sobre lectores de matrículas en las secciones modificadas. Como cambian las definiciones de «criminal justice agencies» y «criminal justice information», conviene observar cómo se relacionarán los términos del capítulo 265-X-6 con el estatuto después del 1 de octubre. Eso es un punto por vigilar, no un hallazgo, y la Comisión puede volver a adoptar la regla.
Revisamos los títulos y resúmenes de los 1,638 instrumentos de la sesión ordinaria de 2026, que terminó el 9 de abril de 2026, y no encontramos ningún proyecto sobre lectores de matrículas. Entre las medidas relacionadas pero distintas estuvo el SB157, sobre las grabaciones de cámaras corporales y de tablero como registros públicos, que murió al terminar la sesión. El senador Arthur Orr dijo que quiere presentar legislación que establezca requisitos de orden judicial, límites de retención y consecuencias por el uso indebido, y el representante Rick Rehm dijo que la respuesta podría ser una prohibición total o límites sobre cómo se conservan los datos. No se había presentado ningún proyecto de ese tipo cuando lo revisamos, y una propuesta no es ley.
Una de las reglas contempla un State LPR Registry. Conforme a ella, las agencias que capturan datos enviarían a ALEA CJIS el número de matrícula, la fecha y hora de la captura, la ubicación y un identificador de la agencia en un plazo de 48 horas, pero la regla dice que el mandato «solo se exigirá una vez que ALEA haya establecido el State LPR Registry». No verificamos si ALEA lo ha hecho.
¿Qué han dicho los tribunales de Alabama?
La decisión federal principal es United States v. Mapson, 96 F.4th 1323 (11th Cir. 2024), una apelación del Distrito Norte de Alabama. El tribunal se negó a decidir si la policía necesita una orden judicial para buscar en bases de datos de ALPR, y sostuvo que la prueba era admisible conforme a la excepción de buena fe porque las búsquedas fueron anteriores a Carpenter v. United States, y señaló que ni ese tribunal ni la Corte Suprema de Alabama habían abordado entonces la cuestión. También sostuvo que un agente podía describir los informes de lectores de matrículas sin ser calificado como perito. No encontramos ninguna decisión de un tribunal de apelaciones estatal de Alabama sobre lectores de matrículas. Una búsqueda en CourtListener de tribunales de apelaciones estatales y tribunales federales de distrito de Alabama no arrojó resultados el 29 de septiembre de 2026, aunque la opinión de Mapson registra que el tribunal de distrito había resuelto sobre la prueba de lectores de matrículas en ambos juicios. Eso es un límite de la búsqueda, no una prueba de que no exista ninguna, porque los memorandos no publicados y las decisiones de primera instancia están poco indexados. No revisamos el derecho constitucional de privacidad de Alabama aplicado a los lectores de matrículas, las opiniones del Fiscal General, los documentos de política de ALEA ni el calendario estatal de conservación de registros.
¿Dónde se han reportado lectores de matrículas en Alabama?
Esta lista no es completa. Un informe de WAFF de septiembre de 2026 lleva el titular de que el Concejo Municipal de Huntsville rechazó una enmienda dirigida a las renovaciones automáticas de las cámaras Flock. Nuestros registros marcan el despliegue del Huntsville Police Department como activo al 24 de septiembre de 2026.
¿Cómo puedo revisar mi sistema local?
Empiece por quién lo opera. Si es un departamento de policía, se aplican las reglas del capítulo 265-X-6, por lo que puede pedir la política escrita de la agencia sobre las bases de datos de comparación, la retención, el intercambio y la capacitación, que la regla exige que adopte y publique. Si es un negocio o una asociación de propietarios, las reglas de Alabama que encontramos no lo abordan, y la política propia del operador y los términos de su contrato son el lugar donde buscar. Para conocer la tecnología en sí, consulte ¿Qué son las cámaras Flock?.
Última actualización: 30 de septiembre de 2026. Las citas de fuentes en inglés son traducciones nuestras.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Alabama una ley sobre lectores de matrículas?
Solo un estatuto muy breve y reglas detalladas. Code of Ala. § 41-9-621(1) menciona los datos de lectores de matrículas y autoriza reglas, y Ala. Admin. Code ch. 265-X-6 establece los requisitos para las agencias del orden público.
¿Cuánto tiempo puede conservar la policía de Alabama los datos de lectores de matrículas?
No más de cinco años, y después deben destruirse o borrarse. Los registros vinculados a una investigación activa o a un caso pendiente pueden conservarse por más tiempo, y la agencia debe notificar a ALEA. Una agencia puede adoptar un plazo menor en su propia política.
¿Puede la policía de Alabama vender los datos de lectores de matrículas?
No. La regla dice que los datos de LPR no se venderán a ninguna entidad por ningún motivo, y el intercambio se limita a otras agencias de justicia penal para fines de justicia penal o de seguridad pública, con un registro de difusión.
¿Se aplican las reglas de lectores de matrículas de Alabama a negocios privados o asociaciones de propietarios?
No a primera vista. Las reglas regulan a las agencias del orden público, y no encontramos ningún estatuto de Alabama que regule a los operadores privados de lectores de matrículas.
¿Son públicos los registros de lectores de matrículas de Alabama?
La sección 41-9-621(1) declara que la información de lectores de matrículas de los sistemas de la Comisión es privilegiada y no es registro público. Las fuentes que abrimos no resuelven si eso cubre los datos que solo se conservan en el repositorio de una agencia local.
¿Cambia la Act 2026-374 las reglas de lectores de matrículas?
Modifica secciones cercanas del Código el 1 de octubre de 2026, incluidas definiciones, pero no modifica Code of Ala. § 41-9-621. La Comisión puede volver a adoptar la regla, por lo que conviene revisarla después de esa fecha.
La ley detrás de este artículo
Este artículo se apoya en las disposiciones legales a continuación, conservadas en nuestro propio registro jurídico y obtenidas de la fuente oficial. Toque una sección para leer el texto vigente.
Code of Alabama 1975, Title 41: State Government.
§ 41-9-621Powers and Duties of Commission as to Collection, Dissemination, Etc., of Crime and Offender Data, Etc.Vigente
The commission, acting through the secretary, shall do all of the following: (1) Develop, operate, and maintain information systems that will support the collection, storage, retrieval, analysis, and dissemination of criminal justice information, other data that will aid crime fighting and public safety, including data from license plate readers, biometrics and geospatial information, and data from automated-data collection systems operated by criminal justice agencies consistent with those principles of scope, security, and responsiveness prescribed by this article. The commission may adopt rules and policies regarding the collection, use, storage, dissemination, and transmittal to ALEA of this information by criminal justice agencies within the state. The information in these systems is privileged, not public record, and subject to the same criminal penalties for misuse as provided in Sections 41-9-601 and 41-9-602. (2) Cooperate with all criminal justice agencies within the state in providing those forms, procedures, standards and related training assistance necessary for the uniform operation of the statewide ALEA crime reporting and criminal justice information systems.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-07-29 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en alison.legislature.state.al.us
§ 41-9-590Definitions. (Amended by Act 2026-374)Vigente
AMENDED BY ACT 2026-374, EFFECTIVE OCTOBER 1, 2026. SEE ACT FOR REVISED LANGUAGE. When used in this article, the following terms shall have the following meanings, respectively, unless the context clearly indicates a different meaning: (1) AJIC or COMMISSION. The Alabama Justice Information Commission. (2) ALEA. The Alabama State Law Enforcement Agency. (3) CRIMINAL JUSTICE AGENCIES. Federal, state, local, and tribal public agencies that perform substantial activities or planning for activities relating to the identification, apprehension, prosecution, adjudication, or rehabilitation of civil, traffic, and criminal offenders. (4) CRIMINAL JUSTICE INFORMATION. Data necessary for criminal justice agencies to perform their duties and enforce existing law. This term includes biometric, identity history, person, organization, property, when accompanied by any personally identifiable information, case/incident history data, and any other data deemed criminal justice information by the FBI CJIS Security Policy. The term also includes ALEA-provided or FBI CJIS-provided data necessary to make hiring decisions. (5) CRIMINAL JUSTICE INFORMATION SERVICES DIVISION or FBI CJIS.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-07-29 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en alison.legislature.state.al.us
§ 41-9-601Obtaining, Etc., of Criminal Offender Record Information Under False Pretenses, Falsification of Information, Etc.Vigente
Any person who willfully requests, obtains, or seeks to obtain criminal offender record information under false pretenses or who willfully communicates or seeks to communicate criminal offender record information to any agency or person except in accordance with this article, or any member, officer, employee, or agent of AJIC, ALEA, or any participating agency who willfully falsifies criminal offender record information or any related records, for each offense, shall be fined not less than five thousand dollars ($5,000) nor more than ten thousand dollars ($10,000) or imprisoned in the state penitentiary for not more than five years or both.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-07-29 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en alison.legislature.state.al.us
Code of Alabama 1975, Title 23: Highways, Roads, Bridges and Ferries.
§ 23-2-174Privacy.Vigente
(a) The authority, department, private toll entity, or an agent or representative thereof shall not sell, distribute, or make available the names and addresses of electronic toll collection system account holders, without the account holder’s consent, to any entity that uses the information for commercial purposes. However, this restriction does not preclude the exchange of this information between entities with jurisdiction of or operating a toll road, bridge, causeway, or tunnel, or entities with which there exists a reciprocal toll enforcement agreement. (b) Records identifying a specific instance of travel by a specific person or vehicle shall be used only as required to ensure payment and enforcement of tolls, except that such information may be used by state, county, or municipal law enforcement agencies for the comparison of captured license plate data with data held by the Department of Revenue, the Alabama Criminal Justice Information Center, the National Crime Information Center, and the Federal Bureau of Investigation Kidnappings and Missing Persons list, for the purpose of identifying any of the following: (1) A stolen vehicle or stolen license plate.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-07-29 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en alison.legislature.state.al.us
Code of Alabama 1975, Title 36: Public Officers and Employees.
§ 36-12-40Rights of Citizens to Inspect and Copy Public Writings; Exceptions.Vigentecitada en 6 de nuestros artículos
(a) Every resident has a right to inspect and take a copy of any public record of this state, except as otherwise expressly provided by applicable law. Provided however, registration and circulation records and information concerning the use of the public, public school, or college and university libraries of this state shall be exempted from this section. Provided further, any parent of a minor child shall have the right to inspect the registration and circulation records of any school or public library that pertain to his or her child. Notwithstanding the foregoing, records concerning security plans, procedures, assessments, measures, or systems, and any other records relating to, or having an impact upon, the security or safety of persons, structures, facilities, or other infrastructures, including without limitation information concerning critical infrastructure, as defined at 42 U.S.C. § 5195c(e), and critical energy infrastructure information, as defined at 18 C.F.R.
Texto oficial (extracto) · verificado el 2026-09-02 · Lea el texto completo en nuestra biblioteca legal · Verifique en alison.legislature.state.al.us
Citada en 25 resoluciones judiciales de nuestra colecciónResolución más reciente que la cita en nuestra colección: 2026
En los tribunales (resumen editorial, verificado de forma independiente):Chambers v. Birmingham News Company (1989) sostuvo que la sección 36-12-40 conlleva una presunción de divulgación, que las excepciones de Stone se interpretan de forma estricta y que la carga recae en quien niega el acceso. Blankenship v. City of Hoover (1991) la aplicó para avalar un formulario que pregunta el propósito y eximir los formularios W-2 de empleados.
Resoluciones que citan esta sección en nuestra colección:
- Bedingfield v. Birmingham News Co. (Supreme Court of Alabama 1992, 595 So. 2d 1379)“…no exception to the requirement of public disclosure. See, Ala.Code 1975, § 36-12-40. When a trial court makes findings of…”
- Chambers v. Birmingham News Company (Supreme Court of Alabama 1989, 552 So. 2d 854)✓Una comisión del condado se negó a entregar a un periódico los currículos y las solicitudes de empleo que recibió para un nuevo puesto; la corte confirmó la orden de divulgarlos y sostuvo que el § 36-12-40 conlleva una presunción de divulgación y que la carga recae en el funcionario que se niega.
- Advertiser Co. v. Auburn University (Court of Civil Appeals of Alabama 1991, 579 So. 2d 645)✓Empresas de medios usaron el § 36-12-40 para lograr la entrega del informe investigativo de una firma de abogados sobre un funcionario de Auburn University y luego pidieron que se le cobraran a la universidad sus honorarios de abogado; la corte sostuvo que esos honorarios son discrecionales, no obligatorios, y confirmó la negativa.
Identificado automáticamente a partir de las opiniones judiciales que citan esta sección; no es un ranking de qué caso prevalece.
Fuentes y referencias
- Code of Ala. § 41-9-621(alison.legislature.state.al.us).gov
- Ala. Admin. Code ch. 265-X-6 (Sistemas de reconocimiento de matrículas para el orden público)(admincode.legislature.state.al.us).gov
- Code of Ala. § 41-9-601(alison.legislature.state.al.us).gov
- Code of Ala. § 36-12-40 (Ley de Registros Abiertos)(alison.legislature.state.al.us).gov
- Code of Ala. § 23-2-174(alison.legislature.state.al.us).gov
- Code of Ala. § 41-9-590 (nota sobre la Act 2026-374)(alison.legislature.state.al.us).gov
- Informe de WAFF sobre las renovaciones de cámaras Flock en Huntsville (25 de sept. de 2026)(www.waff.com)
- Informe de WBRC sobre los legisladores de Alabama y las cámaras Flock (27 de ago. de 2026)(wbrc.com)
- Informe de WSFA sobre la Legislatura de Alabama y las cámaras Flock (1 de sept. de 2026)(wsfa.com)
- United States v. Mapson, 96 F.4th 1323 (11th Cir. 2024)(media.ca11.uscourts.gov).gov
- Code of Ala. § 31-13-5(alison.legislature.state.al.us).gov
- 8 U.S.C. § 1373(govinfo.gov).gov